A principios del siglo XX, apenas uno de cada tres niños chilenos asistía a la escuela. Si bien el sistema de educación primaria venía experimentando un pujante desarrollo en las principales ciudades del país, en el campo persistía, en cambio, una realidad alarmante: la enseñanza rural prácticamente no existía y el analfabetismo alcanzaba el 71 % de la población.
Frente a estas circunstancias, la Ley de Educación Primaria Obligatoria promulgada en 1920 introdujo una serie de medidas tendientes a expandir la escolaridad en todo el territorio nacional. En el caso de los campos, se estableció que, para que dicho propósito pudiera hacerse efectivo, los dueños de grandes fundos tendrían la obligación de mantener una escuela elemental dentro del predio si los menores en edad escolar que allí vivían superaban la veintena.
Sin embargo, las fuentes documentales muestran que la mayoría de los propietarios agrícolas no cumplió con lo que ordenaba la ley. Por esta razón, entre 1929 y 1930 se dictaron normas específicas sobre escuelas rurales, las cuales aumentaban las responsabilidades de los terratenientes –debían construir los establecimientos, remunerar a los profesores y proporcionar los útiles–, al tiempo que les brindaban la posibilidad de solicitar una subvención por alumno a modo de retribución.
El anhelo de una escuela genuinamente campesina
Pero el problema de la educación rural no se limitaba a la falta de escuelas: hacia fines de la década de 1920 se empezaron a oír voces que reclamaban la implementación de una política nacional destinada a desarrollar una escuela “verdaderamente rural”, cuyos programas y métodos fueran pertinentes a su contexto sociocultural. En la misma línea, se planteó también la necesidad de modificar el sistema de formación de maestros, a fin de entregarles herramientas específicas para su desempeño en el medio campesino. Con este fin, la Ley de Enseñanza Normal estableció en 1929 la creación de las escuelas normales rurales.
La demanda por una enseñanza campesina contextualizada persistió durante el período de los gobiernos radicales, que respondieron con tres grandes iniciativas. La primera de estas acciones fue la elaboración de un silabario adaptado a la realidad de los estudiantes del medio rural. En segundo lugar, se aprobó una nueva ley de enseñanza normal. Por último, se diseñó y puso en práctica –aunque de manera interrumpida– un plan de experimentación educativa en el área rural, conocido como “Plan San Carlos”.
La siguiente administración que se ocupó del asunto fue la de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), cuya reforma educacional –centrada en el aumento de la cobertura escolar– incluyó el ámbito rural. Con todo, la expansión de la escuela primaria en los campos se llevó a cabo silenciando las demandas de educación diferenciada. Tanto es así, que la distinción entre escuelas normales rurales y urbanas terminó desapareciendo.
Descarga el artículo completo “'La emancipación de la escuela rural aún no ha llegado': historia de la educación primaria rural en Chile (1920-1970)”, por Camila Pérez N.
