Ausentismo escolar en Chile
El incremento de la escolaridad era incompatible con las desigualdades sociales, que obligaban a los infantes de sectores populares a trabajar y sufrir carencias de salud, alimento y vestido.
El fortalecimiento de la institucionalidad educativa iniciado a fines del siglo XIX, no se correspondía con las bajas matrículas registradas y las altas tasas de deserción. Según el censo de 1907 de los 800 mil niños en edad escolar, un 62,5 % no recibía instrucción (Labarca, 1939: 232).
En 1910 un nuevo catastro demostró que la marginalidad escolar se presentaba en los sectores empobrecidos, a causa del trabajo o la enfermedad. Este diagnóstico se ratificó en la discusión legislativa de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria de ese mismo año:
"Por enfermedad, porque tienen que ayudar a sus padres a ganarse la vida, porque no tienen zapatos; en una palabra, por la miseria lastimosa de la gente pobre; pero ninguno por falta de voluntad de los padres, puesto que, sin los inconvenientes apuntados, todo el mundo iría a la escuela" (Serrano, 2013: 83).
Sin atender ese argumento, se recurrió a la obligatoriedad para revertir la abstención:
- En 1920 la Ley de Educación Primaria Obligatoria apeló al rol del Estado y los padres para incentivar la educación de niños y niñas.
- En 1922 se facultó a la policía para exigir a las personas de 7 a 15 años que anduvieran en la calle el comprobante que acreditara su matrícula, de lo contrario se debía notificar a sus padres y a la escuela más cercana a su domicilio.
- Entre 1925 y 1928 el magisterio fue facultado para presionar a las familias que no enviaran a sus hijos a la escuela, y contaron con la ayuda de la policía en caso de imponer por la fuerza la asistencia.
Un catastro efectuado en 1922 arrojó que de los 628.243 alumnos inscritos, sólo 421.124 asistían a clases (Illanes, 1990: 109). El censo de 1930, estableció que el 49% de los matriculados concurrían al primer año, el 23% al segundo, 15% al tercero, 8% al cuarto, 3% al quinto, 2% al sexto (Illanes, 1990: 129).
Este descenso evidenció que el ausentismo era síntoma de la pauperización de los sectores populares: se necesitaba sobrevivir y la escolarización no era una alternativa.
Diferentes actores sociales denunciaron que este era un problema social que debía ser asumido por el Estado mediante la creación de un sistema de protección para estudiantes .
La médica e inspectora de las Escuelas Públicas de Santiago, Eloísa Díaz, así lo señaló en 1899:
"Proporcionemos a los niños el alimento, el vestuario y el medicamento en caso de enfermedad y veremos cómo los padres obligarían incuestionablemente a sus hijos a asistir a la escuela y sería este un medio preliminar para hacer más tarde obligatoria la instrucción" (Illanes, 1990: 30).
Alimentación, salud, vestido y trabajo
La desnutrición fue una de las causas por la que niños y niñas no asistían a clases. La falta de nutrientes generaba cuerpos por debajo de la talla y peso apropiados, propensos a la enfermedad y muerte.
El mal estado físico se agravaba al vivir en habitaciones pequeñas, con poca ventilación y faltas de higiene, lo que incidió en la propagación de enfermedades infecciosas, sobre todo en las aulas.
Según el Registro Civil, en 1909 el porcentaje de mortalidad era de un 26% entre los 5 y 14 años. Las principales afecciones eran cólera, viruela, escarlatina, alfombrilla, fiebre tifoidea, difteria y enfermedades respiratorias (Serrano, 2013: 145).
Los infantes muchas veces no contaban con la vestimenta apropiada. Según consta en el Libro de datos biográficos de vidas humildes del Liceo Valentín Letelier, que "complementa el esfuerzo de alfabetización con un ropero que distribuye indumentarias completas, dos veces al año: antes del invierno y en primavera" (1940).
En la mayoría de los hogares los niños y niñas ayudaban a la subsistencia familiar con el desarrollo de tareas domésticas o trabajos remunerados, lo que impactaba en la regularidad de su presencia en las aulas.
Sin embargo, no estaban dadas las condiciones para prohibir el trabajo infantil, por lo que la Ley de Educación Primaria Obligatoria optó por establecer que hasta los 13 años era un deber asistir a la escuela.
La edad legal para insertarse en el mundo laboral era entonces de 14 años, pero aun así esta normativa chocaba con la realidad del mundo popular, por lo que no se persiguió el trabajo infantil, sino que se buscó el aprendizaje de la lectura y escritura, ya fuera en la escuela o en los recintos laborales. Para ello se estableció que:
- Los trabajadores mayores de 14 años con instrucción primaria incompleta, podían asistir a una escuela suplementaria hasta los 16 años.
- Toda empresa industrial fabril o minera con más de 200 obreros y con una población escolar superior a 20, debía sostener una escuela.
- En las propiedades agrícolas menores a 2.000 hectáreas y avaluadas en más de $500.000 que tuvieran una población escolar de más de 20, también se debía levantar una escuela.
El cumplimiento de estas medidas fue difícil de imponer y fiscalizar.
El trabajo callejero produjo mayor rechazo. Se estimaba que deambular en las calles era perjudicial para la moral de los niños y niñas, pues propiciaba la vagancia, la delincuencia y el alcoholismo.
El reconocimiento de las causas de la deserción llevó a la creación de un sistema de protección para fomentar una mayor disposición en las familias populares por escolarizar a sus hijos.
Temas relacionados:
- Introducción. Asistencialidad escolar en Chile (1899- 1964)
- Galería. Alimentación como política de asistencialidad escolar
- Galería. Escuela: espacio de protección y esparcimiento
- Bibliografía
Otros sitios
- Memoria Chilena. La infancia en el siglo XX
- Memoria Chilena. Comedores infantiles
- Memoria Chilena. Carlos Sepúlveda Leyton. Hijuna
- Memorias del siglo XX. Niños del siglo XX
